En una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo y, hablando siempre desde un punto de vista estrictamente jurídico y centrándonos en los arrendamientos de  negocio, la cuestión sobre si procede el pago o no de renta en dichos contratos, ha de tomarse con suficiente cautela y precaución, pues los mismos, no contienen ninguna cláusula que exima al arrendatario de la satisfacción de la renta en supuestos de fuerza mayor o estado de alarma.
En el ámbito del hospedaje y alojamientos turísticos, nos encontramos con la publicación de una Orden Ministerial (Orden SND/257/2020) que obliga, salvo las excepciones contempladas en la norma y las recogidas en la Orden TMA/277/2020, al cierre del establecimiento; por consiguiente, el arrendatario durante el estado de alarma se verá privado de beneficios que le permita afrontar con plena garantía el pago de la renta mensual.
Por ello, en el presente artículo, vamos a proceder a analizar el supuesto en el que el cierre del alojamiento turístico, se haya realizado en virtud de disposición legal, analizando en artículos posteriores de los contratos de arrendamiento de negocio a los que no les afecta dicha Orden ni el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de alarma y los contratos de arrendamiento de vivienda.
En primer lugar, señalar que ninguna de las medidas adoptadas hasta la fecha por las diferentes Administraciones Públicas, reconoce la suspensión o moratoria en el pago de la renta derivada de contrato de arrendamiento de negocio.
Entrando a analizar la cuestión que nos trae al presente artículo, y encontrándonos ante lo que la doctrina denomina fuerza mayor (hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever), disponemos en nuestro Derecho de la cláusula rebus sic stantibus que, en todo caso, conducirá a una rebaja de la renta pero no a una suspensión o moratoria del pago de la misma vía suspensión del contrato de arrendamiento. Pues, no tiene sentido cargar solamente sobre una de las partes contratantes, en este caso el arrendador, los riesgos de una situación extraordinaria como la que ha acaecido.
Dicha cláusula, que ha sido elaborada por la jurisprudencia, implica una alteración sustancial de las condiciones del contrato y tiene por objetivo reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes sobre un principio de equidad y, siempre hay que tener en cuenta que la aplicación de la misma, será con carácter extraordinario.

La Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002, al referirse a un contrato de arrendamiento de negocio, señala: “… como tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala, esta cláusula de “rebus sic stantibus” para que pueda estimarse como sobreentendida en ciertos contratos, fundamentalmente en los de ejecución sucesiva en los que por el transcurso del tiempo puedan variar las condiciones de hecho tenidas en cuenta para contratar, no está recogida en nuestro ordenamiento civil, aunque entiende que puede ser apreciada por los Tribunales, siempre que se den circunstancias determinadas como ya señalaba la sentencia de 12 de junio de 1956 (criterio que se mantiene en sentencias más recientes como la de 15 de Noviembre de 2.000) para que se pueda pedir la revisión o resolución o hasta la suspensión de los contratos, a saber, que se trate de una alteración de los supuestos básicos del contrato, completamente extraordinaria, que origine una desproporción inusitada entre las recíprocas prestaciones de las partes y que no pudieron prever al contratar…”.
También, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 15 de octubre de 2014, en el supuesto de un contrato de arrendamiento de negocio de larga duración, en concreto de un alojamiento turístico y durante la anterior crisis económica, se llega a una solución temporal y justificada  de una reducción de la renta de un 29 %.
Se ha de tener en cuenta que la suspensión unilateral de la renta por parte del arrendatario, puede conllevar que el propietario no pueda satisfacer la cuota del préstamo hipotecario que grava la vivienda o el local de negocio, por lo que, la opción de la reducción o aplazamiento en el pago de la renta puede ser la solución más adecuada. Pues la no satisfacción, puede conllevar un importante perjuicio económico para el arrendador.
Por ello, desde, Vallejo y Romero Asociados, entendemos que debe primar el acuerdo arrendador y arrendatario, debiendo éste último remitir todas las comunicaciones de manera fehaciente, dejando constancia de su recepción. Así, ante la inesperada situación en la que nos encontramos, se ha de apelar a la buena fe, equidad entre las partes y la estabilización de la economía, intercediendo las partes adoptando moratorias, fraccionamientos o reducciones de la renta.