El Real Decreto Ley 11/2020, regula entre otras muchas medidas, la moratoria para personas físicas, empresarios o profesionales que hayan suscrito contratos de crédito o préstamo sin garantía hipotecaria (contratos de leasing, renting, factoring o similares).

Con la publicación del presente artículo, desde Vallejo y Romero Asociados, despacho de abogados y Administración de Fincas con sede en Córdoba, se pretende trasladar aquellos requisitos que se han de reunir para resultar beneficiarios de moratoria en el pago de dichos contratos y los efectos que producirá.

Nos vamos a centrar, en los supuestos que el contrato de crédito o préstamo sin garantía hipotecario se haya formalizado por un empresario o profesional autónomo, analizando en artículo posterior, cuando la moratoria la solicite una persona física en calidad de consumidor; si bien, la mayoría de los requisitos y sobre todo, efectos de la moratoria, coinciden.

  • ¿Quién puede resultar beneficiario de dicha medida?
  • Empresario o profesional que haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de su facturación de al menos de un 40%.
  • Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar, no supere en el mes anterior a la solicitud, con carácter general tres veces el IPREM (1.600 €).
    • Este índice se incrementará dependiendo de los hijos a cargo en la unidad familiar o en el supuesto que exista discapacitado con grado reconocido superior o igual al 33%.
  • Que el total de la cuota hipotecaria del inmueble afecto a la actividad económica más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
    • Si el solicitante resultase beneficiario de la moratoria del préstamo hipotecario, no se tendrá en cuenta la cuota del préstamo a efectos del cálculo de dicho porcentaje.
    • Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo hipotecario y sin embargo, tuviera que hacer frente al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de su vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler aunque sea objeto de moratoria.
    • Si el potencial beneficiario tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía hipotecaria y no tuviera que hacer frente al pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda habitual, se tendrá en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los efectos anteriores.
  • ¿Qué efectos producirá la moratoria?

Suspensión crédito hipotecario.

Inaplicación cláusula vencimiento anticipado.

La entidad prestataria no podrá exigir el pago de la cuota del préstamo.

No se devengarán intereses.

Inaplicación interés moratorio.

  • Plazo para su solicitud.

Hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma.

La solicitud se dirigirá a la entidad bancaria y una vez acreditados los requisitos de vulnerabilidad económica se procederá a la suspensión del préstamo.

La suspensión tendrá una duración de tres meses, ampliable dicho plazo por acuerdo del Consejo de Ministros.

  • Documentación a presentar.

    Al centrarnos en el supuesto que la moratoria sea solicitado por un empresario o profesional autónomo, se aportará junto a la solicitud los siguientes documentos:

  • Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

  • Número de personas que habitan la vivienda: Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. En el supuesto que fuese necesario, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar y escrituras de compraventa o de arrendamiento del inmueble afecto a la actividad económica.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Si el interesado no pudiese aportar algún documento de los referidos, lo podrá sustituir mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

Confiamos, desde Vallejo y Romero Asociados, despacho de abogados y Administración de Fincas, con sede en Córdoba, que la presente información les sea de utilidad.